En un país marcado por ciclos de autoritarismo y breves respiros democráticos, Nicaragua se enfrenta a un dilema histórico: ¿puede una victoria electoral opositora traducirse en un cambio real, o terminará siendo una ilusión óptica que perpetúe el control sandinista?

Más de tres décadas después de la emblemática transición de 1990, cuando Violeta Chamorro derrotó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las urnas, el fantasma de aquella “piñata” institucional sigue acechando. En aquel entonces, el gobierno entrante permitió que el FSLN mantuviera un férreo control sobre el Ejército –con Humberto Ortega al mando durante los primeros años– y sobre estructuras económicas nacidas de expropiaciones y redistribuciones apresuradas. ¿El resultado? Una democracia frágil que allanó el camino para el regreso triunfal de Daniel Ortega en 2007.

Hoy, ante la posibilidad de una nueva transición, surge la pregunta incendiaria: ¿repetirá la oposición los mismos pecados, condenando al país a un autoritarismo disfrazado?

Imaginemos un escenario no tan hipotético: las elecciones futuras dan la victoria a una coalición opositora, pero en el afán de “estabilidad” o por presiones internas y externas, se opta por no tocar las raíces del poder actual. No se reforman las fuerzas armadas, no se depuran instituciones clave como la Policía o el sistema judicial, y se ignoran mecanismos de justicia y transparencia.

Según expertos en transiciones políticas, esto no sería una novedad en América Latina, pero en Nicaragua podría desatar una cadena de consecuencias catastróficas. El hilo conductor es claro: sin desmantelar el andamiaje institucional del oficialismo, cualquier cambio electoral sería cosmético, un mero cambio de fachada que esconde la continuidad del control real.

El primer riesgo es el más sutil y peligroso: una continuidad del poder tras bastidores. Si actores ligados al sandinismo conservan el dominio sobre el Ejército, la Policía, el sistema judicial y recursos económicos estratégicos –como empresas estatales o monopolios clave–, la transición sería “formal” en lo electoral, pero “irreal” en lo estructural. En 1990, esta concesión permitió una paz relativa tras años de guerra civil, pero también sembró las semillas de la reconquista sandinista. Hoy, con un Ejército y Policía altamente politizados, un nuevo gobierno que no los reforme podría encontrarse paralizado, incapaz de implementar políticas sin el visto bueno de mandos leales al pasado régimen.

¿Democracia o cohabitación forzada?

La historia enseña que un FSLN con bases organizadas, recursos acumulados y control sobre instituciones claves, tienen todas las herramientas para reorganizarse. Si el nuevo gobierno fracasa en mejorar la economía –un desafío titánico en un país con altos niveles de pobreza y dependencia externa– o en mantener la estabilidad social, el sandinismo podría explotar el descontento para volver al poder. Recordemos: tras 1990, el FSLN se reorganizó en la oposición con tácticas de desestabilización a gobiernos liberales hasta su retorno en 2007.

Latinoamericana está repleta de transiciones fallidas que terminan en el retorno del antiguo grupo al poder, pactos de impunidad que perpetúan la corrupción, o incluso la consolidación de un nuevo autoritarismo bajo otro disfraz. Un ejemplo regional, aunque con matices distintos, es Venezuela: el debilitamiento progresivo de la institucionalidad democrática en los años 90 allanó el camino para la llegada de Hugo Chávez y la posterior entronización del chavismo. En Nicaragua, ¿podría una oposición ingenua o dividida abrir la puerta a un “orteguismo sin Ortega”, o peor, a un ciclo interminable de dictaduras recicladas?

Las transiciones políticas son procesos extremadamente complejos, la oposición tiene más herramientas para negociar desde la fuerza. La clave para una transición democrática duradera radica en reformas audaces: depurar las fuerzas de seguridad, establecer comisiones independientes de verdad y justicia, promover transparencia en la gestión económica y fortalecer instituciones independientes. Solo así se rompería el ciclo vicioso.

En última instancia, el futuro de Nicaragua no depende solo de elecciones, sino de la voluntad de desarmar el poder heredado. Si la oposición ignora las lecciones de 1990 y solo aplaude la transición fallida, podría estar firmando su propia sentencia de muerte política. La respuesta está en las decisiones que se tomen –o se eviten– en los próximos años.