Por Alejandro Moraga
La crisis venezolana no es solo un capítulo interno de colapso político. Está unida a Nicaragua por algo más profundo que la retórica “antiimperialista” o los gestos diplomáticos: ambas naciones comparten un mismo modelo de poder, una lógica de captura del Estado y una vocación exportadora de corrupción, control social y alianzas opacas que trascienden las fronteras.
Durante años, el chavismo no fue únicamente un régimen autoritario: se convirtió en un pilar regional que sostuvo financiera, logística y políticamente a otras dictaduras —especialmente Cuba y Nicaragua— y actuó como nodo articulador con sectores de la izquierda latinoamericana y regímenes totalitarios extrarregionales. Esa expansión transformó a Venezuela en una amenaza regional, no por su discurso, sino por su capacidad de distorsionar sistemas políticos enteros y por el uso del crimen organizado internacional —incluido el narcotráfico— para generar recursos y atacar a democracias vecinas.
Por eso, el cambio de coyuntura en Venezuela —aún incompleto y rodeado de especulaciones— no podía seguir manuales clásicos. Los regímenes que destruyen el Estado de derecho no caen solo por mecanismos jurídicos diseñados para Estados que respetan las reglas. La insistencia en soluciones exclusivamente legales, multilaterales y procedimentales ha terminado funcionando como coartada para la inacción y la perpetuación de dictaduras partidarias y familiares.
Aquí surge la crítica inevitable a ciertos sectores legalistas que, invocando el derecho internacional o los foros multilaterales, criminalizan toda acción no convencional, especialmente cuando proviene de la administración estadounidense. Esa postura omite que el derecho internacional no fue concebido para lidiar eficazmente con regímenes mafiosos, híbridos y transnacionales, y que la neutralidad jurídica frente a estructuras criminales suele favorecer al más fuerte: el dictador.
Lo ocurrido en Venezuela no es una derrota militar del chavismo ni una transición pura. El chavismo sigue en el poder, pero su margen de maniobra se ha reducido mediante acciones militares quirúrgicas, presiones selectivas y una reconfiguración de incentivos internos y externos. No hubo tanques en Caracas; hubo una erosión estratégica del poder.
Y aquí Nicaragua debe mirarse en el espejo sin engaños.
Lo venezolano no fue excepcional por el sufrimiento del pueblo ni por la defensa de la libertad y los derechos humanos, sino por su peso geopolítico. Nicaragua no ha alcanzado ese nivel de amenaza regional, pero forma parte del mismo entramado: el sandinismo es otro eslabón. Por eso, es plausible que el escenario nicaragüense no culmine en una ruptura épica, sino en algo más incómodo: un sandinismo sin Ortega, pero con los sandinistas de siempre.
¿Qué dirán entonces quienes hoy se proyectan como antisandinistas radicales si el único camino viable resulta ser un proceso tutelado, condicionado y supervisado por la actual administración estadounidense, pero negociado con sectores del sandinismo?
¿Se aferrarán a la pureza del discurso o aceptarán la complejidad de una transición real?
La historia muestra que los cambios profundos rara vez coinciden con narrativas heroicas. Llegan como acuerdos imperfectos, procesos vigilados y salidas graduales que no satisfacen del todo a nadie, pero que desmontan pieza a pieza estructuras autoritarias enquistadas.
La experiencia venezolana nos obliga a abandonar comodidades ideológicas. El desafío es entender el poder tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y asumir que, frente a dictaduras que juegan sin reglas, aferrarse exclusivamente a las leyes puede ser, paradójicamente, la forma más eficaz de garantizar que nada cambie.
El uso legítimo de la fuerza en defensa de la autodeterminación de los pueblos es lo que funciona cuando las leyes y los procedimientos legales no encajan con la realidad. Siete años de exilio y las recientes acciones militares nos han demostrado que el discurso moral y legalista puro no ha servido de mucho. Es necesario actuar para cambiar la correlación de fuerzas si queremos concretar lo que iniciamos en 2018.






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