Por Jimmy Guevara

Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, ha sido descrito en múltiples ocasiones como la materialización del «sueño» de Pablo Escobar: un narcotraficante que ambicionaba fusionar el poder político con el control absoluto del narcotráfico para crear un narcoestado. Bajo su gestión, Venezuela se transformó en un sistema donde las estructuras criminales y el Estado se entrelazaron profundamente. Esta red de corrupción, violencia y narcotráfico no se limitó al territorio nacional, sino que extendió su influencia hacia regímenes aliados de corte autoritario y/o comunista como Cuba, Rusia, Irán y China. El fenómeno representa una amenaza no solo interna, sino también para la seguridad regional de América Latina y la estabilidad global.

Venezuela, un «narcoestado»

El término «narcoestado» ha sido ampliamente utilizado por analistas, investigadores y gobiernos extranjeros para caracterizar al país bajo el régimen de Maduro. Se refiere a una nación en la que el narcotráfico y las actividades ilícitas dominan o cohabitan simbióticamente con las estructuras políticas, económicas y sociales del Estado. Este proceso no es reciente. Sus raíces se remontan a la dependencia histórica del petróleo y a diversas formas de intervencionismo externo. Sin embargo, el punto de inflexión se produjo con el ascenso del chavismo. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y, posteriormente, con Nicolás Maduro en 2013, Venezuela se convirtió en plataforma estratégica para redes internacionales de tráfico de drogas, armas y recursos naturales, muchas veces al servicio de agendas geopolíticas de regímenes aliados, especialmente Cuba.

Del petroestado al narcoestado

Venezuela fue durante décadas un clásico petroestado: su economía dependía abrumadoramente de la exportación de petróleo. Desde el descubrimiento y explotación masiva de sus reservas a principios del siglo XX, el país experimentó ciclos de bonanza que, sin embargo, no se tradujeron en desarrollo sostenido ni prosperidad generalizada.

Gobiernos autoritarios como los de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez ya habían establecido un modelo centralizado y clientelar. Más tarde, durante los 40 años de democracia (1958-1998) —que representan apenas una fracción de la historia republicana—, se consolidó la dependencia del petróleo como fuente de financiamiento del clientelismo y la corrupción. Esta vulnerabilidad estructural, combinada con las políticas populistas y el deterioro institucional durante el chavismo, allanó el camino para la transición hacia un modelo en el que el narcotráfico adquirió un rol protagónico como fuente alternativa de ingresos y control político.

Maduro y el legado de Escobar

Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro consolidó un régimen que profundizó el autoritarismo y las prácticas corruptas. Lejos de combatir el crimen organizado, su gobierno protegió y, según múltiples acusaciones judiciales internacionales, participó activamente en redes de narcotráfico.

El «sueño» de Pablo Escobar —controlar un Estado para utilizarlo como base de operaciones del narcotráfico sin la presión constante de las autoridades— encontró en Venezuela una realización parcial y paradójica. A través de alianzas con disidencias de las FARC, grupos armados irregulares y gobiernos afines, el régimen creó un ecosistema donde se combinaron el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción de alto nivel y la represión política. Venezuela se convirtió en un nodo clave del crimen organizado transnacional.

Responsabilidad internacional y consecuencias regionales Las repercusiones de este modelo trascienden las fronteras venezolanas. Las alianzas de Maduro con Cuba, Rusia e Irán generaron un conflicto geopolítico que desestabilizó la región. El petróleo, en lugar de ser fuente de desarrollo, se transformó en instrumento de supervivencia del régimen y de financiamiento de sus socios estratégicos.

En el plano internacional, la comunidad global —especialmente Estados Unidos— cuestionó durante años el rol del régimen en el narcotráfico. La administración Trump expresó abiertamente su intención de intervenir para frenar estas actividades y promover una transición democrática. No obstante, estas posturas generaron escepticismo: muchos críticos argumentaron que, más allá del discurso sobre democracia y lucha antidrogas, existía un interés subyacente en controlar los recursos energéticos venezolanos.

Reflexión final

Venezuela transitó de petroestado a narcoestado bajo un régimen que desmanteló instituciones, fracturó el tejido social y comprometió su posición internacional. Los eventos de principios de 2026 —incluida la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses— marcan un punto de inflexión dramático, aunque no necesariamente el fin del modelo.

La pregunta pendiente es si la comunidad internacional logrará apoyar una reconstrucción democrática genuina o si, como advirtió en su momento el presidente chileno Gabriel Boric en relación con la soberanía regional, la intervención externa sentará un precedente peligroso que podría extenderse a otros países. Los desafíos para América Latina siguen siendo inmensos: el autoritarismo, la corrupción y el narcotráfico continúan amenazando la estabilidad del siglo XXI.