Por Jimmy Guevara

A pesar de algunas liberaciones recientes que han generado un poco de esperanza, la situación de los presos políticos en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue siendo un foco de grave preocupación internacional. Las detenciones arbitrarias, torturas denunciadas y condiciones inhumanas en las cárceles continúan marcando un patrón de represión sistemática que no muestra signos de ceder, incluso ante presiones externas.

Liberaciones Recientes: Un Gesto Insuficiente

A principios de enero de 2026, coincidiendo con el 19 aniversario de Ortega en el poder, la dictadura nicaragüense anunció la excarcelación de decenas de personas detenidas por motivos políticos. Fuentes independientes, como familiares, medios locales y organismos de derechos humanos, confirmaron alrededor de 20 a 30 liberaciones. Este movimiento se produjo en medio de una presión explícita de Estados Unidos, que elogió acciones similares en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y exigió lo mismo para Nicaragua, destacando que más de 60 personas seguían “injustamente detenidas o desaparecidas”, incluyendo pastores, ancianos y enfermos.

Entre los liberados se encuentran figuras destacadas como Mario Rodríguez Serrano, el pastor evangélico Rudy Palacios, María José Rojas, Óscar Velásquez, Pedro López y otros opositores y críticos del régimen. Sin embargo, estas excarcelaciones han sido parciales: muchas implican casa por cárcel o restricciones, en lugar de libertad plena. Organismos como el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas han enfatizado que estas medidas no resuelven el problema de fondo, sino que parecen ser respuestas tácticas a la presión internacional.

La Realidad Actual: “Unos Salen, Otros Entran”

Pese a estas liberaciones, la lista de presos políticos no ha disminuido de manera significativa. Según reportes actualizados a febrero de 2026, al menos 44 a 62 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, incluyendo líderes indígenas mayangnas y miskitos, pastores, activistas, mujeres y adultos mayores. Denuncias persistentes hablan de desapariciones forzadas, falta de atención médica, torturas, alimentación insuficiente –en algunos casos, solo una comida al día– y condiciones generales inhumanas en las prisiones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió recientemente un comunicado condenando la escalada represiva y exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente, así como el cese de las violaciones a los derechos humanos. De manera similar, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha demandado la liberación total y el restablecimiento del espacio cívico en el país. Estados Unidos, por su parte, reiteró el 17 de enero de 2026 su exigencia de una liberación incondicional de todos los presos políticos, sin excepciones ni nuevas detenciones.

Grupos como la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) y colectivos de excarcelados han elevado sus voces para reclamar no solo la libertad plena –sin medidas como casa por cárcel–, sino también el fin de las torturas, la restitución de la nacionalidad a exiliados y desterrados, la devolución de bienes confiscados, y un retorno seguro con cese de la persecución.

Un Contexto de Represión Prolongada

Esta crisis no es un fenómeno aislado. Desde las protestas masivas de 2018, Nicaragua ha experimentado olas de detenciones arbitrarias, con picos durante elecciones fraudulentas y campañas de represión religiosa. Eventos anteriores, como la liberación de 222 presos en 2023 –muchos de los cuales fueron desterrados–, y excarcelaciones puntuales, han respondido a presiones externas, pero no han erradicado la represión subyacente. Organizaciones de derechos humanos y exiliados continúan denunciando que expresar opiniones disidentes sigue siendo tratado como un delito bajo el régimen de Ortega.

La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, la OEA y la CIDH, mantiene llamados constantes para la liberación total y el fin de lo que describen como una dictadura. Aunque hay esperanza en que presiones sostenidas generen cambios más profundos, la situación de quienes permanecen en prisión se agrava día a día, recordando que la libertad en Nicaragua sigue siendo un derecho precario para los opositores.

Mientras tanto, activistas y observadores internacionales insisten en la necesidad de monitoreo continuo. Si se buscan detalles sobre nombres específicos de presos actuales o actualizaciones de fuentes particulares, las organizaciones de derechos humanos ofrecen recursos para profundizar en esta lucha por la justicia. La demanda resuena con fuerza: ¡Libertad para los presos políticos en Nicaragua!