Por Yefer Bravo

Davos, Suiza – La reciente creación del Consejo de Paz, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y formalizado durante el Foro Económico Mundial en Davos el 22 de enero de 2026, no parece un gesto meramente simbólico. Con la firma de la carta fundacional por parte de una veintena de países —entre ellos Argentina, Paraguay, Hungría y varios del mundo árabe—, este nuevo organismo emerge como una estructura paralela de coordinación internacional enfocada en paz, estabilización y reconstrucción de conflictos.

Aunque el Consejo no reemplaza formalmente a las Naciones Unidas, su surgimiento altera el equilibrio interno del sistema multilateral. Al reunir a Estados alineados en torno a una visión pragmática de intervención y resolución de crisis —con énfasis inicial en Gaza, pero con ambiciones más amplias—, este bloque podría influir decisivamente en resoluciones, financiamientos y prioridades globales de paz y seguridad. Expertos advierten que representa un punto de inflexión: la ONU podría verse obligada a reformarse profundamente o arriesgarse a una irrelevancia progresiva ante iniciativas lideradas por grandes potencias.

El vacío que pretende llenar este Consejo es innegable. La parálisis crónica del Consejo de Seguridad de la ONU, el uso recurrente del veto, la falta de consecuencias efectivas ante violaciones al derecho internacional y la creciente politización de sus decisiones han erosionado su autoridad moral y operativa. En este contexto de liderazgo debilitado, iniciativas externas como el Consejo de Paz logran adhesión política entre países frustrados con el multilateralismo tradicional.

Sin embargo, los riesgos son evidentes. La proliferación de organismos paralelos podría fragmentar aún más el orden internacional y socavar el principio de legalidad global. Si la ONU no impulsa reformas urgentes y sustantivas, el multilateralismo podría derivar en un mosaico de alianzas ad hoc dominadas por bloques de poder en lugar de normas universales.

En el ámbito regional, el contraste con la Organización de Estados Americanos (OEA) resulta aún más dramático. Mientras la debilidad de la ONU radica en bloqueos geopolíticos, la OEA enfrenta una crisis estructural de credibilidad, legitimidad y ética. Acusada de corrupción interna, selectividad política y doble rasero ante violaciones a los derechos humanos, fraudes electorales y regímenes autoritarios en América Latina, la organización ha perdido autoridad moral.

En lugar de ordenar políticamente el hemisferio occidental, la OEA ha sido percibida por críticos como parte del problema: ha legitimado abusos, ignorado el sufrimiento de poblaciones enteras y priorizado intereses de poder sobre los principios democráticos que proclama defender. Para muchos analistas, su ciclo histórico parece agotado; una mera reforma podría no ser suficiente para recuperar su relevancia.

En conclusión, el lanzamiento del Consejo de Paz en Davos marca el comienzo de una reconfiguración del orden internacional. Para la ONU, este desafío puede convertirse en una oportunidad de transformación o en el preludio de su declive. Para la OEA, el diagnóstico es más severo: su permanencia actual aporta pocas soluciones reales a los problemas de la región.

El mundo enfrenta un momento decisivo. Las instituciones multilaterales deben demostrar legitimidad, eficacia y compromiso genuino con la justicia, la paz y los pueblos, o correrán el riesgo de ser desplazadas por estructuras alternativas impulsadas por potencias dominantes.