Dirección y redacción: Revista Caribe.  

El pasado sábado 10 de enero de 2026, el régimen dictatorial sandinista de Nicaragua dio a conocer, mediante un escueto comunicado, “el retorno a sus hogares de decenas de personas que permanecían en resguardo”. Esta acción ocurrió pocas horas después de un pronunciamiento de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental, que denunció la brutal represión del régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega, calificándolo como una dinastía ilegítima, señalando la violación sistemática de la Constitución Política de Nicaragua y la persecución contra la disidencia.

Un día antes, la Embajada de Estados Unidos en Managua había compartido un mensaje del presidente estadounidense sobre los avances hacia la paz en Venezuela y la liberación de presos políticos en ese país, ejerciendo una presión adicional sobre el régimen nicaragüense. Posteriormente, y bajo ese contexto de presión internacional, Rosario Murillo hizo pública la nota sobre la liberación de personas secuestradas.

Sin embargo, dicha liberación fue limitada a unas 24 personas, según informes de organizaciones de nicaragüenses en el exilio. Una cifra que resulta insignificante si se compara con las recientes olas de detenciones arbitrarias de civiles. Bastaron mínimas expresiones de euforia en redes sociales por la caída del narcodictador Nicolás Maduro en Venezuela para que el régimen ordenara encarcelamientos masivos. Es una trama perversa: liberar a veinte y encarcelar a cientos.

Líderes y analistas de los territorios indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense escribieron a esta redacción profundamente consternados, pues entre los liberados no figuró ninguno de los secuestrados y desaparecidos provenientes de la Costa Caribe. Desde 2015, la dictadura ha secuestrado a más de veinte líderes y comunitarios de esta región, sin que hasta la fecha ninguno haya sido puesto en libertad. Analistas costeños señalan este patrón como una práctica discriminatoria que vulnera aún más a los pueblos indígenas, pasando por alto las leyes regionales, la autonomía administrativa de los territorios y los tratados internacionales sobre la protección de pueblos indígenas y tribales.

Mediante un trabajo conjunto realizado entre AMDES y REMA, ambas organizaciones en representación de las comunidades indígenas en el exilio y la diáspora, se ha logrado determinar una lista preliminar de comunitarios indígenas secuestrados por la dictadura. Entre los indígenas secuestrados y desaparecidos se encuentran:

1. Valeriano Antolín Flores
2. Gustavo Sebastián Lino
3. Eusebio Lacayo Bretán
4. Leonel Palacio Vanegas
5. José Antonio Palacios H.
6. Losteña López Frank
7. Bustillo Flores Simeón
8. Jareth Charly Erants
9. Jonas Miguel Juwith
10. Demetreo Miguel Juwith
11. Ignacio Celso Lino
12. Argüello Celso Lino
13. Dionisio Robins Zacarías
14. Olivier Bruno
15. Elver Bruno
16. Donald Bruno
17. Tony Bruno
18. Rodrigo Bruno
19. Nancy Henríquez
20. Steadman Fagot
21. Brooklyn Rivera

Ambas organizaciones concuerdan en que esta lista no es definitiva; puesto que comunitarios de los territorios indígenas, han manifestado que existen más personas encarceladas cuyos familiares no se atreven a denunciar, debido a las constantes amenazas y la vigilancia de agentes del régimen en la zona, así como a la falta de recursos económicos para desplazarse, resguardarse y procesar denuncias.

“Nos tratan como ciudadanos de segunda categoría”.

Las condiciones geográficas y la precariedad de la infraestructura limitan gravemente la defensa de los derechos humanos en las regiones autónomas de la Costa Caribe. Voces de defensores y activistas han sido obligadas a guardar silencio para evitar mayores represalias; algunos permanecen bajo casa por cárcel por haber sido críticos con el régimen. Viven vigilados y asediados por simpatizantes del poder, sin posibilidad real de buscar salidas seguras.

A pesar de estas represalias, voces disidentes expresan que, con el paso de los años, la marginación hacia la Costa Caribe no solo persiste, sino que se agrava. “Nos tratan como ciudadanos de segunda categoría”, señaló con indignación una portavoz del Caribe nicaragüense bajo condición de anonimato. Algunas familias en la capital logran ocasionalmente obtener noticias sobre sus parientes secuestrados; pero las familias indígenas no saben nada del paradero de los suyos y tampoco tienen medios para visitar cárceles o viajar a Managua en busca de información. Lamentan, además, que la dictadura no haya liberado a un solo indígena.

Extorsión del recurso natural y humano

Desde su instalación en el poder, el régimen de Murillo y Ortega ha permitido y promovido la explotación indiscriminada de recursos maderables, pesqueros y mineros, además de facilitar la invasión de colonos en territorios indígenas. Esta práctica se extiende hacia la sociedad local: los comunitarios son chantajeados y extorsionados por allegados a la pareja gobernante para otorgar avales y concesiones sobre recursos naturales y tierras, por órdenes “desde arriba”, sin posibilidad alguna de defender bosques, ríos y territorios.

“Que vuelvan los líderes al territorio”

Hoy, la voz de los comunitarios trasciende fronteras para exigir la liberación de los líderes y comunitarios secuestrados, acusados falsamente y sometidos a procesos fabricados por el simple hecho de no obedecer a ciegas a un régimen totalitario.

“¡Que vuelvan los líderes al territorio donde nacieron! ¡Que vuelvan al territorio del que nunca debieron salir!”, son parte de las peticiones que, desde el exilio y en anonimato, compartió con esta redacción un líder indígena.