Por Jimmy Guevara

Bayardo Arce: ¿preso político o cómplice caído en desgracia? La peligrosa confusión de una oposición que blanquea a sus verdugos

El abogado y activista Juan Diego Barberena, integrante del grupo Monteverde —iniciativa de concertación opositora en el exilio aliada a Ciudadanos por la Libertad (CxL) de Juan Sebastián Chamorro—, afirmó recientemente en una entrevista con Realidades que Bayardo Arce es un preso político. Según su argumento, la detención del ex comandante sandinista responde a una motivación estrictamente política, similar a la de Humberto Ortega.

Escuchar a un supuesto opositor defender a uno de los pilares económicos del régimen sandinista resulta, cuando menos, desconcertante. Y peligroso. Porque equiparar a Arce con las miles de víctimas reales de la represión sandinista —estudiantes, campesinos, periodistas, sacerdotes y líderes cívicos encarcelados por protestar en 2018 o por disentir— no solo distorsiona la realidad: borra la responsabilidad histórica de quienes sostuvieron durante décadas el aparato que ha saqueado y oprimido a Nicaragua.

Los hechos que no se pueden ignorar

Bayardo Arce Castaño, uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en los años 80, fue durante más de 15 años el principal asesor económico de Daniel Ortega. En julio de 2025 fue detenido en el marco de una purga interna impulsada por Rosario Murillo para eliminar posibles competidores en la sucesión dinástica. En enero de 2026, la justicia controlada por el régimen lo condenó por lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado.

La Procuraduría General de Justicia lo acusó de orquestar un esquema con 49 sociedades pantalla (35 activas), préstamos ficticios y transferencias a Panamá y las Islas Vírgenes Británicas que habría generado 2.713 millones de dólares y 82.344 millones de córdobas en capitales ilícitos (cifra que, al tipo de cambio oficial, supera los 4.950 millones de dólares). El monto equivale a más de un cuarto del PIB nominal de Nicaragua en 2024 y supera los ingresos fiscales proyectados para ese año.

Expertos consultados por medios independientes, como el criminólogo Daniel M. Rico y el economista Marco Aurelio Peña, cuestionan la viabilidad técnica de esa cantidad: es desproporcionada incluso para los mayores escándalos de corrupción en América Latina (Odebrecht, PDVSA o el PCC brasileño). Pero nadie serio en el exilio niega que Arce, como operador económico del régimen, tuvo acceso privilegiado a recursos públicos y privados durante años. Nadie niega que el sandinismo convirtió el Estado en botín familiar.

La trampa del “todos son presos políticos”

Barberena también ha equiparado el caso de Arce con el de Humberto Ortega —quien sí criticó abiertamente el autoritarismo de su hermano y murió bajo arresto domiciliario— y ha mencionado a Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema que rompió con Ortega en 2019. Es cierto que la “justicia” orteguista es una farsa: juicios sin debido proceso, aislamiento prolongado, ausencia de expediente público y sentencias anunciadas por comunicado. Pero reconocer la ilegitimidad del procedimiento no equivale a absolver el historial de los acusados.

Llamar “preso político” a Arce sin matices es tan absurdo como si María Corina Machado en Venezuela saliera a defender a Alex Saab —testaferro de Maduro acusado de corrupción multimillonaria y sancionado internacionalmente— argumentando que es víctima de persecución política. Ser perseguido por el régimen no borra automáticamente la complicidad previa con ese mismo régimen.

Una oposición que se mira en el espejo equivocado

Monteverde nació como espacio de unidad opositora en el exilio, con sectores de izquierda, centro y derecha. Su objetivo declarado era construir una alternativa democrática creíble. Pero cuando sus voces más visibles salen a blanquear a exfuncionarios que durante años justificaron, facilitaron o se beneficiaron del saqueo sistemático del Estado nicaragüense, pierden credibilidad ante la ciudadanía.

Los nicaragüenses no olvidan que el régimen que hoy encarcela a Arce es el mismo que él ayudó a consolidar. No olvidan los miles de millones desviados en los últimos 17 años mientras la pobreza y la migración forzada se disparaban. No olvidan que la corrupción no empezó con la purga de 2025: es estructural al modelo orteguista.

Una oposición seria debe tener la madurez de distinguir:

• Víctimas de la represión (presos políticos genuinos, exiliados por opinión, familias destrozadas).

• Actores del régimen caídos en desgracia que ahora pagan el precio de las luchas internas por el poder.

Defender a los segundos como si fueran los primeros no es valentía ni “realismo político”. Es confusión estratégica. Es regalarle al sandinismo la narrativa de que “todos son iguales” y, por tanto, “mejor quedarse con los de siempre”.

Nicaragua necesita una oposición que no tenga miedo de decir la verdad incómoda: Bayardo Arce no es preso político por sus ideas. Es un operador histórico del régimen que hoy es víctima de su propia maquinaria represiva. Reconocerlo no lo justifica. Pero negarlo sí traiciona la memoria de quienes sí sufrieron por oponerse de verdad.

El futuro de Nicaragua no se construye blanqueando el pasado. Se construye separando claramente a los verdugos —aunque ahora sean perseguidos— de las víctimas. Cualquier otra cosa es repetir el mismo error que nos trajo hasta aquí.