Por Orlando Córdoba

Nada más torpe que alimentar a una serpiente agonizante para que se recupere y vuelva a morderte. Nada más perverso que equiparar a las víctimas con sus verdugos.

Hay que estar profundamente ciegos —o cegados por un oportunismo demencial— para intentar equiparar la cárcel y la tortura sufridas por presos políticos con las “pasadas de cuentas” que ahora se dan entre los mismos coautores de la dictadura nicaragüense.

No es lo mismo la injusta prisión de monseñor Rolando Álvarez, la cárcel y el posterior asesinato de Eddy Montes Praslin, ni el sufrimiento de tantos opositores que enfrentaron las masacres de 2018 y los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado, que el destino actual de figuras como Bayardo Arce.

Bayardo Arce no es un preso político. Su encarcelamiento no responde a ideales democráticos, a una oposición tardía a los crímenes de lesa humanidad (que en realidad avaló y encubrió durante décadas) ni a una repentina conversión al estilo de san Pablo en el camino a Damasco. Se trata de un criminal más dentro de la mafia que ha usurpado el poder violando la soberanía del pueblo nicaragüense. Es un delincuente al que sus propios socios le están pasando factura.

La obscena fortuna de miles de millones de dólares que ahora se ventila equivale a décadas de salarios medios robados a miles de nicaragüenses: hospitales que no se construyeron, carreteras que no se repararon, escuelas que nunca abrieron sus puertas, tratamientos médicos que se negaron y un sinfín de derechos conculcados. Es el presente y el futuro que el modelo dictatorial nos ha arrebatado.

Llamar “preso político” a criminales como Bayardo Arce no solo distorsiona la realidad: borra la responsabilidad histórica de quienes sostuvieron durante décadas —y aún sostienen— el aparato que ha saqueado y oprimido a Nicaragua. Es un intento de blanqueamiento, al estilo de El Gatopardo de Lampedusa: cambiar algo para que todo siga igual.

Equiparar a verdugos con víctimas —como hizo recientemente, de forma torpe, el abogado y activista Juan Diego Barberena al referirse a Arce— es mucho más que un error táctico o un cálculo político equivocado. Es una burla al sentido humano de justicia, un escupitajo al padecimiento de millones de nicaragüenses, al dolor de las verdaderas víctimas y a la dignidad de quienes sí se opusieron a la dictadura desde el principio.

Sobre todo, es condenar nuestro futuro. Significa repetir los errores de 1990: dejar impunes y con poder a los criminales y a su sistema represivo, lo que inevitablemente conduce a la repetición que hoy padecemos.

Más allá de lo obsceno que resulta meter en el mismo saco a monseñor Álvarez o a Eddy Montes y a quienes dieron la cara y, en algunos casos, la vida por oponerse a la dictadura con quienes los reprimieron, asesinaron o torturaron, hay algo que no se puede ni se debe negociar: la justicia.

No se construye democracia cohabitando con el crimen, ni blanqueando una dictadura, ni otorgando impunidad a sus cómplices. Por mucho que convenga a ciertos cálculos personales o a las cuentas de algunos señores, la impunidad solo genera más impunidad. La historia lo demuestra con crudeza.

Nicaragua merece justicia. Y la justicia no se logra rescatando serpientes.