Por Marlon Medina

En los últimos días, a raíz de los acontecimientos vinculados a Venezuela, se ha desatado una catarata de pronunciamientos de expresidentes, aspirantes presidenciales y analistas políticos a lo largo del continente. Las opiniones se repiten con una familiaridad casi ritual: unos denuncian una supuesta violación a la soberanía; otros celebran lo ocurrido como un golpe simbólico al autoritarismo. El debate, sin embargo, ha quedado atrapado en consignas conocidas y reflejos ideológicos previsibles.

Lo llamativo no es la diversidad de posturas, sino la pobreza conceptual que atraviesa muchas de ellas. Se invoca la soberanía como un dogma, sin examinar su origen; se defiende el principio de no intervención como si fuera neutral, sin preguntarse a quién protege en la práctica. En ese intercambio apresurado, la cuestión central queda eludida: ¿puede hablarse de soberanía cuando el poder ya no emana de la voluntad popular?

Venezuela no solo expone una crisis política; desnuda una crisis de comprensión regional. La discusión que hoy ocupa titulares y declaraciones no es meramente coyuntural ni personalista. Es un debate de fondo sobre el sentido mismo de la soberanía en América Latina y sobre el riesgo de convertir principios concebidos para proteger a los pueblos en coartadas que blindan al poder autoritario.

Desde ese punto de partida, vale la pena detenerse y revisar el caso venezolano con una mirada menos reactiva y más rigurosa, porque lo que está en juego no es una polémica pasajera, sino la responsabilidad moral y política de la región frente al autoritarismo.

América Latina arrastra una confusión persistente que condiciona su política exterior y empobrece su juicio moral: confundir Estado con gobierno, y gobierno con soberanía. Esta confusión no es menor ni académica; es el núcleo de por qué la región, una y otra vez, termina defendiendo al poder antes que al pueblo.

El Estado es una estructura jurídica e institucional: territorio, administración, aparato normativo, reconocimiento internacional. Puede subsistir incluso bajo regímenes autoritarios, gobiernos de facto o dictaduras consolidadas. La soberanía, en cambio, no es una estructura: es un mandato político. Su fuente no es el control, sino la voluntad popular. Su legitimidad no proviene de la fuerza, sino del consentimiento.

Este error se repite porque la región ha sacralizado la soberanía como si fuera un atributo automático del poder. Se la invoca como un talismán, sin preguntar por su origen ni por su ejercicio. Así, cualquier crítica externa es etiquetada como “injerencia”, cualquier presión como “imperialismo”, y cualquier quiebre del statu quo como “violación del orden internacional”. El resultado es una diplomacia que protege formas vacías y abandona contenidos democráticos.

Tal vez ha llegado el momento de decirlo con claridad incómoda: la soberanía no pertenece a quien controla el poder, sino a quien debería haberlo otorgado. No resida en los palacios, ni en los uniformes, ni en los aparatos partidarios; residir en el pueblo. Y cuando el pueblo es silenciado, perseguido o excluido del proceso político, la soberanía no se pierde: es robada.

Por eso, en esos contextos, afirmar que la soberanía se “viola desde fuera” es invertir la causalidad. La soberanía ya ha sido quebrada desde dentro, por quienes usurparon el mandato popular y lo sustituyeron por la fuerza, la manipulación o el miedo. Lo que ocurre después -presión internacional, aislamiento diplomático, sanciones o acciones excepcionales- no inaugura la fractura; apenas el exponente.

El drama latinoamericano es que, al no actualizar esta comprensión, la región sigue defendiendo principios desanclados de su razón de ser. La soberanía, concebida para proteger a los pueblos frente al abuso del poder externo, termina siendo utilizada para proteger a los abusadores internos. La no intervención, pensada como garantía de autodeterminación, se convierte en coartada de la opresión.

Mientras no se asuma esta distinción fundamental -Estado no es gobierno, gobierno no es soberanía- América Latina seguirá atrapada en un formalismo estéril. Continuará hablando de legalidad mientras ignora la legitimidad; de estabilidad mientras normaliza la injusticia; de respeto entre Estados mientras abandona a sus ciudadanos.

La soberanía no es un dogma inmóvil. Es una responsabilidad viva. Y cuando deja de servir para proteger a los pueblos, deja de ser principio y se transforma en pretexto. Ese es el debate que la región ya no puede seguir postergando.