En un contexto de profunda incertidumbre política y económica en Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a inicios de enero de 2026, el Gobierno de China ha acelerado sus gestiones para asegurar el cobro de una millonaria deuda pendiente. Según múltiples fuentes financieras y analistas internacionales, el monto adeudado oscila entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, heredado principalmente de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Desde 2007, Pekín implementó un ambicioso programa de préstamos respaldados por petróleo que permitió a Venezuela acceder a más de 60.000 millones de dólares en financiamiento. Este mecanismo, conocido como “préstamos por petróleo”, garantizaba el reembolso mediante envíos regulares de crudo venezolano a precios previamente acordados entre ambos países. China se convirtió así en el principal acreedor bilateral de Caracas, superando con creces a otros prestamistas internacionales.

Sin embargo, la crisis económica venezolana, agravada por el colapso de la producción petrolera, la hiperinflación y las sanciones internacionales, provocó que el país entrara en default en 2017. Desde entonces, Venezuela dejó de publicar datos oficiales detallados sobre su deuda externa, lo que ha complicado la verificación exacta de las cifras pendientes.

La intervención de Estados Unidos en los primeros días de 2026, que incluyó la captura de Maduro y el control estadounidense sobre una porción significativa de las exportaciones petroleras venezolanas, ha cambiado drásticamente el panorama. Este hecho ha generado preocupación en Pekín, ya que gran parte del mecanismo de pago dependía precisamente de esos envíos de crudo. En 2025, China absorbía alrededor del 80% de las exportaciones petroleras venezolanas, aunque ese volumen representaba solo un 4% del total de importaciones de petróleo del gigante asiático.

Ante esta nueva realidad, las autoridades chinas —incluyendo reguladores financieros y bancos estatales— han iniciado contactos directos con funcionarios venezolanos y estadounidenses. El objetivo principal es claro: obtener garantías de pago y asegurar que China tenga un asiento en cualquier mesa de negociación futura para la reestructuración de la deuda venezolana.

Medios como Bloomberg y El Financiero han reportado que Pekín busca evitar quedar excluido de un eventual proceso de reorganización financiera del país sudamericano, similar a lo ocurrido en otros casos de reestructuración de deuda soberana con acreedores chinos (como Sri Lanka o Zambia en años anteriores).Aunque el volumen de petróleo venezolano no es estratégico para China en términos absolutos —podría sustituirse con relativa facilidad por otros proveedores—, el reclamo responde también a una lógica de protección de intereses financieros acumulados durante casi dos décadas. La relación bilateral, que en su momento fue presentada como un modelo de cooperación Sur-Sur, enfrenta ahora su prueba más delicada en medio de una compleja disputa geopolítica.

El desenlace de esta situación dependerá en gran medida de las negociaciones que se abran en los próximos meses, así como de la evolución del nuevo escenario político en Venezuela bajo la gestión interina liderada por figuras como Delcy Rodríguez. Por ahora, la presión china añade una capa más de complejidad a la ya frágil recuperación económica del país.